La Comisión de Trabajo del Congreso peruano aprobó recientemente un importante predictamen que busca modificar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta nueva iniciativa legislativa tiene como principal objetivo ampliar el derecho de reubicación laboral de los empleados. A diferencia de la estricta normativa actual, la propuesta busca proteger integralmente a quienes enfrenten diversos problemas de salud que afecten su capacidad para trabajar de forma regular.
Actualmente, los trabajadores solo pueden solicitar su traslado de puesto si han sufrido algún accidente directamente laboral o padecen una enfermedad ocupacional. Sin embargo, el nuevo texto normativo plantea que este importante beneficio alcance también a quienes sufran enfermedades comunes. Esto obligaría directamente al empleador a buscar y evaluar rápidamente alternativas viables para reubicar al colaborador afectado en un puesto que represente un menor riesgo físico o mental.
Un aspecto fundamental de este predictamen es que la reubicación del empleado deberá realizarse sin afectar sus remuneraciones, sus beneficios laborales ni su categoría dentro de la empresa. El empleador tendrá la obligación de adoptar medidas personalizadas, considerando siempre el estado de salud del trabajador y el perfil del nuevo cargo. De esta manera, se busca garantizar la continuidad del vínculo laboral frente a cualquier tipo de adversidad.
Además de los cambios operativos, la iniciativa modifica las reglas para permitir que los representantes de seguridad ocupacional soliciten información detallada sobre estos casos de transferencia. No obstante, para proteger a los trabajadores, el dictamen ha establecido límites muy estrictos vinculados a la confidencialidad médica y la protección de datos personales. Con esto, se busca evitar completamente la difusión indebida de información que resulte sensible, íntima o privada.
Durante su evaluación técnica, diversas entidades expresaron algunas preocupaciones justificadas frente a la viabilidad operativa de esta nueva propuesta. La Cámara de Comercio de Lima y la Defensoría del Pueblo cuestionaron la clara falta de un análisis de impacto económico y advirtieron riesgos. Por su parte, el Ministerio de Salud consideró la iniciativa viable, recomendando aplicarla únicamente cuando la condición médica impida desarrollar las labores de manera normal.
Finalmente, expertos en derecho laboral advierten que esta medida podría generar sobrecostos financieros bastante significativos para las empresas, afectando especialmente a las pymes. Al trasladar la responsabilidad de una enfermedad originada en el ámbito privado hacia el empleador, las compañías asumirían cargas operativas adicionales. Según los especialistas consultados, esta nueva exigencia podría convertirse a largo plazo en un lamentable desincentivo para la formalización laboral en nuestro país.
Fuente: Diario Gestión
